‘EXCUSATIO NON PETITA, ACUSATIO MANIFESTA.’ (Brocardo latino)

El Partido gubernamental ha urdido una estrategia de confusión clara y bastante burda. Sus decisiones siempre están justificadas, de una u otra manera, en tres premisas que suenan a disculpas “non petitas” (no demandadas): “la herencia recibida”, “las imposiciones provinientes de Europa” y la falsedad de que “es lo único que cabe hacer”. Esto, reiterado hasta la saciedad, ya está creando una desafección en parte del electorado que los elevó al poder. El suponer que un mensaje reiterado se transforma en la “verdad absoluta” conlleva un peligro: un hastío generalizado incluso entre los adeptos ocasionales (buena parte de los trabajadores, parados o funcionarios que se adhirieron al P.P.).

Pero, como las obras son las que permanecen, los hechos revelan que las medidas adoptadas simplemente han logrado disminuir el nivel de vida y menguar el poder adquisitivo de las amplias clases medias y de la creciente (en número) clase desfavorecida. Al contrario, no se ha implementado ni complementado ninguna actuación que oblige a aportar solidariamente su apoyo a los más pudientes, cuestión que ofende a los que todavía nos consideramos cristianos y obreros.

El desprecio a la población más humilde y desprotegida ha sido el “mayor atraco a la generalidad de los ciudadanos” y un intento despiadado de acabar con el Estado del Bienestar.

Pensando en lo que es la teoría de los “burgos podridos” o subsidiados, se mantiene que no se ha recortado en el sistema de pensiones ni en sus destinatarios. Sin embargo, éstos han perdido un 5% de su poder adquisitivo, por término medio: cambio al alza de los tipos del I.R.P.F., copago de los medicamentos, recorte del 15% en los pagos a cuidadores, paro total en la aplicación de la Ley de Dependencia para nuevos casos,…

Mayor es la carga que se les ha proporcionado a los que se hallan en trance de “exclusión social”: negación de la asistencia sanitaria a inmigrantes, el repago sanitario y el céntimo sanitario, más trabas económicas en el acceso a la educación, bajada del porcentaje en las bases de cálculo del subsidio de desempleo,… Con la subida del I.V.A. y el paso de ciertos consumos populares al gravamen máximo su empobrecimiento será superior al 15%, lo que les impedirá cualquier clase de progreso por impedimentos monetarios.

El maltrato al funcionariado acarreará muy malos resultados. Siendo ellos los garantes de lo que se denomina “ingresos diferidos a los contribuyentes” (servicios sanitarios, educativos, de asistencia social, ciudadanos en general y de protección,…), su infravaloración conducirá inevitablemente a una menor calidad en algo tan estimado. Y es que los ajustes han reducido su capacidad adquisitiva en un 35%: con el parcial aserto de su estabilidad, se les han recortado sus sueldos en tres ocasiones, se les han eliminado sus ventajas en el terreno de Incapacidad Laboral Transitoria, se les han retirado sus mejoras propias del Mutualismo Administrativo (subvenciones, ayudas, préstamos,..) y, además, se les señala subrepticiamiente como causantes de la crisis (mientras que los más de 450.000 cargos políticos, bien remunerados y prescindibles, se esconden bajo mantos partidistas).

La clase trabajadora también va a ver cómo sus cotizaciones sociales se disparan en un 5% a mayores, en tanto que las Cotizaciones empresariales variarán a la baja dos puntos en los próximos Ejercicios. El sistema fiscal español concede amnistías a los grandes defraudares y malos españoles, que se libran de sus deberes para con sus congéneres domiciliando sus ganancias, capitales y dinero “opaco o ilegal” en paraísos fiscales. Se investiga a los honrados contribuyentes que han registrado sus datos continuadamente en los registros de Hacienda; en el lado opuesto, no se contempla una lucha constante “contra el fraude fiscal”, aunque solamente sea por signos externos de potencialidad económica.

Ni se ha propuesto un impuesto transitorio especial sobre las grandes fortunas, ni sobre transacciones económico-financieras, ni otro que afecte a la Banca, ni tampoco racionalizar la Administración (supresión de Diputaciones, Senado, detección y anulación de duplicidades y triplicidades, despido de más de 300.000 mandatarios de adscripción política y con escasa preparación,…).

Estos y otros varios factores van camino de dirigir a nuestro país hacia el abismo, falto de cohesión y justicia social, con poca tradición democrática, con inestabilidad e inseguridad ciudadanas, con una brecha enorme entre capas de población y enormes diferencias socioeconómicas, culturales y fundamentalmente abundando en la restricción de oportunidades de progreso y evolución.

Habremos de tornar la vista hacia el pesimismo generacional del 98, si bien con un espíritu crítico, abierto al futuro y ateniéndonos a unos parámetros ético-morales y de principios a recuperar. Todo ello dentro de una ambición: “conseguir una humanidad más generosa e igualitaria y una Europa más social y estructurada”.

M.B.T.G.- El eco del Bierzo.