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El Gobierno ha aprobado exhumar a Franco el 10 de junio y llevarlo a El Pardo (www.eldiario.es)

El Consejo de Ministros ha resuelto el expediente de exhumación y llevará los restos al cementerio de El Pardo ante la negativa de la familia a dar una alternativa viable.

La salida de Franco del Valle de los Caídos será un mes y medio después de las generales y el Gobierno estará previsiblemente en funciones.

La familia ha recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión del Gobierno y ha solicitado la suspensión cautelar de la exhumación.

Irene Castro15/03/2019.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado formalmente la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos para el próximo el 10 de junio, por la mañana. El Consejo de Ministros ha tomado este viernes la última decisión del arduo proceso para sacar los restos de la tumba de la basílica y llevarlos al cementerio de El Pardo —según ha anunciado la vicepresidenta, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete.

La decisión del Gobierno supone que la exhumación del dictador —una de las propuestas estrella del presidente anunciada al inicio de su corto mandato— se llevará a cabo un mes y medio después de las elecciones generales (y también pasadas las autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo). Esa ha sido una de las razones que ha pesado en la lejanía de la fecha escogida —para la que aún quedan tres meses—, según ha reconocido Calvo.

La vicepresidenta se ha mostrado convencida, no obstante, de que la decisión se tendrá que acatar aunque haya un inquilino nuevo en la Moncloa tras los comicios. “Esta decisión, mientras sea legal, la tiene que cumplir cualquier Gobierno, ha zanjado. Lo previsible es que en esa fecha el Ejecutivo de Sánchez seguirá en funciones.

En el proceso de exhumación, traslado y reinhumación del cadáver podrán estar presentes los familiares del dictador —tal y como estableció el Gobierno en el acuerdo de exhumación, aprobado hace un mes. “Contemplamos que puedan tener una íntima ceremonia, no habrá ni imágenes ni convocatoria pública” —ha expresado la vicepresidenta, que ha recordado que en Mingorrubio está enterrada la esposa del dictador: Carmen Polo.

“Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el uso de medios de captación y reproducción de imagen y sonido” —reza la nota de prensa de Moncloa, que también defiende que el cadáver acabe en el panteón de titularidad estatal (dentro del cementerio municipal). “Permite garantizar tanto las condiciones de dignidad y respeto como la digna sepultura exigidas. Dispone de unidades de enterramiento cerradas (panteones, capillas-panteones), agrega la nota. “No plantea problemas de orden público y seguridad ciudadana, ya que se ubica en un lugar aislado, no integrado en el centro de un núcleo urbano ni se encuentra anexo a puntos, edificios e instalaciones estratégicas o emblemáticas” —zanja el Gobierno que, en palabras de Calvo, considera la presencia de Franco en el Valle de los Caídos una “perturbación”.

Cuando el Ejecutivo aprobó la exhumación, le dio a la familia un plazo de 15 días hábiles para que notificara un lugar para la reinhumación distinto a la cripta de la Almudena, pero el 7 de marzo los nietos insistieron en un escrito registrado en Moncloa en ese lugar (que a juicio del Ejecutivo es inviable, por cuestiones de seguridad y orden público). Calvo ha asegurado que los familiares insisten en un lugar “improcedente”.

Los nietos de Franco han puesto numerosas trabas a Sánchez en su plan para cumplir con el mandato del Congreso para sacar al dictador del Valle de los Caídos, propiedad de Patrimonio Nacional. Uno de los principales escollos ha sido su negativa a hacerse cargo de los restos —si el Gobierno ejecutaba la exhumación— y el empeño en llevarlos a la cripta de la Almudena, en caso de que finalmente se llevara a cabo. El Gobierno intentó negociar con los familiares hasta finales de febrero, pero mantuvieron su negativa a colaborar e insistieron en la vía judicial.

El Gobierno confía en sortear al Supremo

Los nietos de Franco ya han recurrido ante el Tribunal Supremo –también lo hará la Abadía del Valle de los Caídos– en contra de la exhumación y reclamarán al alto tribunal su paralización. El Gobierno asume que solo ese organismo judicial puede frenar su intención de sacar los restos de la basílica y aseguran que tienen previstos los mecanismos para entrar en la abadía, en caso de que el prior se empeñe en impedir la exhumación.

Fuentes gubernamentales explican que, precisamente por el derecho a la “tutela judicial efectiva” de los familiares, han retrasado también la fecha de exhumación. Esperando hasta el 10 de junio, dan tiempo al Supremo a pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas.

En el Ejecutivo están convencidos, no obstante, de que el Supremo rechazará la solicitud de la familia. “El expediente es impecable” —aseguran fuentes gubernamentales, que sostienen que la familia no puede argumentar que hay un “daño irreparable” por la exhumación y posterior reinhumación (ya que se podría deshacer, en caso de que el alto tribunal fallara en contra del fondo de la cuestión más adelante). Eso supondría el regreso del dictador al Valle de los Caídoscomo sucedió en el caso del general Sanjurjo en Navarra– y, aún así, lo ven improbable.

El Ejecutivo también niega que la suspensión de la licencia de obra para llevar a cabo la exhumación afecte a su plan. De hecho, sostiene que según la ley del suelo el Gobierno —en tanto que es una administración pública— no tiene que pedir una licencia y que lo que solicitó al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial era un informe cuyos preceptos ya han tenido los efectos oportunos y que, en cualquier caso, no era imprescindible.

Un juez contrario a la Ley de Memoria Histórica aceptó una de las demandas contra ese informe (que solicitaban la suspensión de sus efectos y, por tanto, de la autorización de esa obra menor). El Gobierno ha pedido apartar al juez José Yusty Bastarreche de esa causa por “falta de imparcialidad”. Ese magistrado aceptó una de las decenas de demandas, que han llegado a distintos juzgados en contra de la autorización de la obra y que fueron rechazadas por otros jueces. Yusty Bastarreche asumió los argumentos de un informe, en el que se basaban las demandas y que fue encargado por la Fundación Francisco Franco.