OPINIÓN│El “culebrón” de la basura en Ponferrada

Se nos antoja a la ciudadanía local, en general, que el consabido tema irresuelto – y que afecta a un servicio tan sensible como el de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos (basura) y de mantenimiento de jardines – presenta una complejidad patente (conforme a las apreciaciones del edil de Medio Ambiente, D. Roberto Mendo) en diversos ámbitos: judicial, laboral, político y de concepción básica, por este orden a fin de ser colacionados.

Recordemos la sentencia de junio de 2016, que declaraba de plano la nulidad del llamado “macrocontrato” concluido anteriormente con F. C. C. Medio Ambiente. Los argumentos, fundamentados en irregularidades insalvables, eran contundentes y no admitían contestación alguna. Y es que, cuando se obvian irrespetuosamente aspectos sustanciales del procedimiento y se ignoran las cautelas a observar, no queda otro remedio que restablecer la legalidad vigente (tal es el sentido dispositivo – a mi particular entender – del pronunciamiento judicial, que no admite recurso contencioso-administrativo posible).

Aún así, por una estrategia de postergación en cuanto a la ejecución de sentencia y aguardando otras precisiones en detalle en vistas a su concreción, el Consistorio de la capital berciana ha debido de acudir esporádicamente a “poner paños calientes” al objeto de superar situaciones conflictivas.

En abril del presente ejercicio, el Pleno del Ayuntamiento aprobó un catálogo con una serie de mejoras destinadas a empezar a resarcir a los trabajadores. Y es que el largo período de crisis les afectó directamente, influyendo negativamente en sus salarios y sus derechos laborales ya adquiridos. Y todo acaeció a partir de la adjudicación integrada del denominado “macrocontrato”, gestionado por el bipartito y que valoraba el coste de esta labor esencial en 5,8 millones de euros. Además, prolongaba el acuerdo (completando el precedente) por un plazo de nada menos que una treintena de años, excesivo a todas luces.

Lógicamente, ante la previsible pérdida de ciertas condiciones laborales y la negativa empresarial a negociar un nuevo convenio, los operarios se sintieron engañados. Y, enfrente de una falta de seguridad en el cumplimiento de los compromisos (por el probable cambio, resultado de la antedicha subsanación en el proceso de designación del adjudicatario de esta concesión de servicio), reciben recientemente una comunicación pactada posteriormente con la parte social patronal, que refleja buena parte de sus aspiraciones que han sometido a información y aprobación asamblearia. Da la impresión de que, en parte, estas cesiones proceden de la convocatoria (todavía en curso) de una huelga indefinida, en la que no parecen cumplirse todos los servicios mínimos decretados, trufada con algún intento aislado de sabotaje.

En su práctica impotencia, la Alcaldesa acepta hasta (en caso extremo) municipalizar esta parcela tan controvertida y visible. En este propósito tendría, sin duda, el apoyo claro de todas las formaciones progresistas integrantes de la Corporación. Se cree, sin embargo, que esto es simplemente una “cortina de humo”: su misión residiría en ganar tiempo, rebasar las fechas clave de las Fiestas de la Encina y, como corolario, adoptar medidas más viables “a medio término”.

Pues bien, llegamos al momento crucial. Las cartas se hallan sobre la mesa y, como comprobaremos tras estos episodios, el auténticamente damnificado será el honrado vecino y puntual contribuyente. En la alteración y reasignación de créditos, según los informes de Intervención, hay margen de maniobra. Pero los años sucesivos mostrarán, igualmente que los dos largos de mandato, una carencia de transparencia notable y una información precaria hacia los administrados.

En conclusión, a pesar de que sea aconsejable acabar con las discrepancias referidas entre lo público y lo privado, la empresa y su plantilla correspondiente y el Ente municipal con los prestadores de las funciones que tiene asignadas preferencialmente, la tarea de acercamiento a los residentes y la dación de cuentas y explicaciones satisfactorias se convertirá en un déficit democrático acumulativo. Y, mientras tanto y comenzando por el que esto redacta “de oídas”, difícilmente el cuerpo social mantiene una idea exacta y contrastada de lo que ocurre realmente.

                                                                  Marcelino B. Taboada